¿Cómo pueden inmigrantes indocumentados formar un sindicato legalmente?

La Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 garantiza el derecho a organizarse por mejor paga y mejores condiciones laborales, y la Ley de Normas Razonables de Trabajo de 1938 garantiza un salario mínimo y paga por horas extra. Estas leyes le aplican a la mayoría de la fuerza laboral en Estados Unidos—y no solo a ciudadanas y ciudadanos. Una y otra vez, los tribunales han interpretado el término legal de “empleado” como incluyente de inmigrantes indocumentados trabajando en Estados Unidos. (Sin embargo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, o NLRA por sus siglas en inglés, sí excluye a trabajadoras y trabajadores de la agricultura y del hogar, a contratistas independientes, a trabajadoras y trabajadores gubernamentales y a familiares de algunos empleadores.) Además, el Tribunal Supremo ha decidido consistentemente que (con contadas excepciones, como en relación al derecho al voto o la posesión de armas) inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense tienen derecho a los mismos derechos constitucionales fundamentales que las y los ciudadanos. (Para más información sobre los derechos legales de inmigrantes, a href=”http://www.ilrc.org/for-immigrants-para-inmigrantes/know-your-rights”>entre aquí.)

Por lo tanto, aunque es ilegal que negocios estadounidenses empleen inmigrantes indocumentados, ya una vez lo hayan hecho tienen la obligación por ley de tratar justamente a estas y estos empleados y de pagarles todo lo que por ley les toca. Los estados varían en cuanto a los remedios legales que existen para las y los trabajadores que no han recibido justa paga según el salario mínimo u horas extra. En el estado de Nueva York, por ejemplo, la Ley de Prevención de Robo de Salarios (Wage Theft Prevention Act) facilita que trabajadoras y trabajadores demanden legalmente por atrasos de salario y horas extra no pagas.

A pesar de estas protecciones, las leyes laborales a menudo no se cumplen y trabajadoras y trabajadores indocumentados se encuentran vulnerables ante la explotación laboral y la intimidación dentro y fuera del trabajo, además de la amenaza de buscarse un lío con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La ley de reforma migratoria aprobada por el Senado en 2013 incluye la Ley POWER, la cual protegería a empleadas y empleados, quienes denunciaran públicamente violaciones a las leyes laborales, de represalias por parte de sus empleadores y de detenciones o deportaciones por parte del gobierno federal. Para más información sobre la Ley POWER así como sobre asuntos relacionados de ley y política, entre aquí.

La Declaración Universal de Derechos Humanos declara muchos derechos laborales, incluyendo igual paga por igual trabajo, un salario que conduzca a “una existencia merecedora de dignidad humana” y el derecho a formar y unirse a un sindicato para proteger los intereses de cada persona en su lugar de trabajo.

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