¿Los sindicatos no tienen un problema con inmigrantes indocumentados?

A pesar de las contribuciones de trabajadoras y trabajadores inmigrantes al movimiento laboral estadounidense, durante gran parte del siglo 20 muchos sindicatos favorecieron políticas de inmigración restrictivas. Su argumento era que la inmigración era una amenaza para la fuerza laboral estadounidense porque la fuerza laboral inmigrante les quitaba trabajos a las y los ciudadanos y bajaba los estándares porque aceptaba más bajos salarios y peores condiciones laborales. En la segunda mitad del siglo 20, a medida que una reducción en las cuotas de inmigración dio paso a una explosión de inmigración ilegal, la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) adoptó una posición liberal ante la inmigración legal a la vez que se mantenía en oposición a la inmigración ilegal por el mismo conjunto de razones.

Otros sindicatos hicieron historia oponiéndose a políticas inmigratorias restrictivas y esta visión comenzó a ganar terreno en el movimiento laboral en las décadas de 1980 y 1990. Por ejemplo, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) aumentó su membresía durante este tiempo en parte a través de un trabajo organizativo de trabajadoras y trabajadores inmigrantes, como la campaña de Justicia para Conserjes (Justice for Janitors) de la década de 1990. Sin embargo, muchos sindicatos consideraban a las y los inmigrantes indocumentados como “difíciles de organizar” y a principios de la década de 2000, mientras un número máximo histórico de inmigrantes entraba al país legal e ilegalmente, el sentimiento anti-inmigrante permaneció alto entre los sindicatos.

Pero la primera década del siglo 21 fue testigo de un cambio gradual: para 2009, AFL-CIO y SEIU acordaron una serie de principios para una reforma migratoria abarcadora. En la década actual de 2010, AFL-CIO y otros sindicatos principales han fortalecido su compromiso con el trabajo organizativo de trabajadoras y trabajadores inmigrantes, incluyendo a las y los indocumentados, y su compromiso con la defensoría de una reforma migratoria. Hay un creciente entendimiento en el movimiento laboral de que, debido a que las y los trabajadores indocumentados a menudo están vulnerables a ilegales y explotadoras condiciones impuestas por empleadores, organizarles mientras arreglamos nuestro quebrado sistema de inmigración beneficiará a todas y todos los trabajadores con un alza del “fondo” de los estándares laborales.

No es coincidencia que este cambio a favor de la solidaridad con trabajadoras y trabajadores indocumentados se haya dado durante el mismo período en que se han multiplicado los centros de trabajadores en Estados Unidos y a la misma vez que ha emergido un movimiento laboral de trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos. Cuando los empleadores les pagan salarios sublegales a las y los inmigrantes indocumentados (o a cualquier otra persona, dicho sea de paso), no solo hieren a sus empleadas y empleados—también hieren al público (ya que los estados reciben menos ingresos públicos), a otras y otros trabajadores (ya que bajan los estándares en la industria) y a la economía entera—porque una mejor paga en los bolsillos de las y los trabajadores significa un mayor consumo.

Hoy día, aunque la membresía de los sindicatos está en declive a nivel nacional, está creciendo en las comunidades latinas. Entre 2002 y 2012, el número de miembros sindicales de origen hispano creció casi un 21%.

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